A veces vivimos situaciones de dificultad económica que complejizan las cosas. Ya sea por razones sociales macroeconómicas o por cuestiones personales, es posible encontrarnos con deudas, facturas impagas o problemas similares.
Los motivos del retraso pueden estar relacionados con problemas de ingresos, gastos inesperados, demasiadas deudas acumuladas, etc. Lo primero que deberías hacer sería avisar al banco comunicando tu situación. Si bien se cobran intereses de mora, en este caso se evita reportar al veraz como malos pagadores.
Esta es una precaución a tener en cuenta especialmente si considerás que podrás resolver estas dificultades a corto plazo.
A todo el mundo le puede pasar de pagar tarde por ejemplo el crédito de una hipoteca. El problema reside en que cuando no se abona, el banco que prestó el dinero envía la deuda a un estudio jurídico y luego al Veraz si no hay respuestas. Ahí necesitaras un buen abogado en asuntos bancarios para reducir el impacto de las consecuencias.
¿Qué pasa si me atraso unas cuotas?
Si estás atrasado aunque sea en unas pocas cuotas de la hipoteca , inmediatamente se producen consecuencias negativas, a saber: la aplicación de intereses moratorios sobre las cuotas y la declaración como mal pagador.
Esta segunda consecuencia te impedirá obtener préstamos posteriores y también hará más difícil renegociar las condiciones contractuales del préstamo original con el banco, por ejemplo, bajando el tipo de interés o haciendo una subrogación con otro banco.
Y aquí es entonces cuando se hace imprescindible el asesoramiento jurídico de un buen abogado que, analizando su caso concreto, pueda identificar la estrategia defensiva más adecuada, al menos para evitar que empeore su condición de dificultad económica.
Cuando el impago de las deudas es delito
La falta de pago de una deuda contraída anteriormente puede tener consecuencias mucho más graves de lo que imagina.
No solo corre el riesgo de ser objeto de embargo de sus bienes, sino que, en algunos casos, puede ser considerado responsable de la comisión de un delito y, en consecuencia, puede ser objeto de un proceso penal.
Se le acusa de haber cometido este delito cuando ha contraído una obligación en un momento en que no estaba en condiciones de cumplirla, ocultando así esta información a su acreedor o haciéndole creer que está en condiciones de cumplir la obligación, aunque no sea cierto.
Este estado de incapacidad para hacer frente a la deuda debe existir en el momento en que se contrae y en el momento posterior en que el deudor es llamado al pago de la cantidad adeudada por él.
Por ejemplo, si una persona celebra un contrato de préstamo que prevé el pago de la primera cuota al cabo de un mes, se le puede imputar el delito de concurso fraudulento si se prueba que no pudo pagar la cantidad adeudada en el momento de la estipulación del contrato, ni cuándo debió comenzar a pagar.
En este caso, el deudor sería llamado a responder por el delito, tanto en el caso de que guardara silencio sobre sus condiciones económicas reales, como si ello hiciera creer al prestamista que estaba en condiciones de devolver la cantidad concedida.
¿Qué es el Veraz?
El Veraz es un sistema electrónico que utiliza una gran base de datos, una especie de registro digital, en el que se almacenan todos los datos sobre la solvencia de los clientes bancarios, tanto personas físicas como jurídicas, así como empresas con préstamos. Para las entidades de crédito, por tanto, la central de riesgos representa un punto de referencia para evaluar la solvencia de quien solicita un préstamo.
No es casualidad que todos los préstamos solicitados, la emisión de cheques en descubierto, cualquier falta de pago o retraso en el pago del saldo adeudado sean informados y archivados en este registro, con el fin de crear un perfil crediticio real del cliente, que se puede consultar en cualquier banco antes de otorgar un préstamo o una hipoteca. Es por eso que siempre es mejor evitar que su nombre termine en la base de datos.
¿Se puede pedir la baja en Veraz?
La respuesta es ciertamente sí. No obstante, es necesario valorar los motivos por los que se solicita dicha cancelación, en el sentido de que la inscripción puede depender de un error cometido por los propios operadores financieros, o puede existir una simple irregularidad en la comunicación.
En todo caso, es necesario realizar un informe por escrito a la Central, lo que se recomienda tratar con la asistencia de un abogado experto en la materia para evitar mayores perjuicios.
Si, por el contrario, cesare el estado de insolvencia del acreedor, después del pago de los atrasos, la cancelación se producirá automáticamente en el plazo de 12 a 36 meses.