El gigante del comercio electrónico y las finanzas digitales, Mercado Libre, enfrenta una grave presentación judicial por la presunta práctica de usura en sus servicios crediticios dentro de la Argentina. La acusación pone el foco en los elevados intereses aplicados por su brazo financiero, Mercado Crédito, y establece una dura comparación respecto a las tarifas operativas de la compañía en otros mercados de la región.
La presentación formal argumenta que las tasas de interés efectivas anuales (TEA) vigentes para financiar compras o acceder a créditos personales en el país vulneran los límites éticos y legales, impactando de forma directa en usuarios de bajos recursos y pequeños emprendedores.
Diferencias regionales e impacto en el consumidor
Uno de los puntos centrales del escrito judicial remarca la marcada brecha de costos financieros entre los usuarios argentinos y los de otros países donde opera la plataforma. Según la denuncia, el costo de financiamiento ofrecido por la firma en el mercado local llega a superar ampliamente —hasta 20 veces más en términos comparativos— a los porcentajes cobrados por el mismo servicio en filiales como Brasil o México.
Entre las irregularidades planteadas por los denunciantes se destacan:
- Costo Financiero Total (CFT) elevado: Tasas de interés que en muchos casos superan holgadamente las referencias habituales del sistema bancario tradicional.
- Mecanismos de cobro automático: Retención directa del dinero disponible en la billetera virtual del usuario para saldar deudas pendientes de forma prioritaria.
- Falta de regulación simétrica: El reclamo insiste en la necesidad de que las plataformas de tecnología financiera (fintech) queden sujetas a esquemas de control tan rigurosos como los de las entidades financieras convencionales.
La respuesta de la compañía y el debate regulatorio
Frente a cuestionamientos sobre la estructura de sus tasas, desde el sector fintech suelen argumentar que los costos reflejan la alta volatilidad macroeconómica local, el nivel de inflación y el perfil de riesgo de una porción de usuarios que muchas veces no cuenta con acceso al crédito bancario formal.
El caso reabre el debate en el ámbito político y económico sobre la supervisión de las plataformas digitales de pagos y préstamos, mientras se aguarda el sorteo del juzgado comercial o penal que dará curso a las primeras medidas de prueba.