La Justicia argentina dictó este lunes una resolución que sacude los cimientos de la calle Viamonte. En un fallo contundente, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, resolvió procesar a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino. La medida surge en el marco de una investigación por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, un golpe judicial que llega a pocos meses del inicio del Mundial 2026.
Detalles de la causa y embargos millonarios
El magistrado no solo formalizó el procesamiento de los dirigentes, sino que también ordenó un embargo preventivo de 350 millones de pesos sobre los bienes de cada uno. La denuncia, impulsada originalmente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que la entidad madre del fútbol local habría retenido aportes de clubes y empleados sin transferirlos al fisco en los plazos legales correspondientes entre los años 2024 y 2025.
Según la resolución judicial, la maniobra involucraría una suma superior a los 19.000 millones de pesos. Para el juez Amarante, Tapia ocupaba una «posición central» en la toma de decisiones financieras, lo que le habría permitido priorizar otros gastos de la asociación por sobre las obligaciones fiscales obligatorias.
Restricciones vigentes: El «Chiqui» no puede salir del país
A pesar de que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, la Justicia decidió mantener una medida cautelar clave: la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. Esta restricción representa un desafío logístico y político para el titular de la AFA, considerando la proximidad de compromisos internacionales de la Selección Argentina y la organización del próximo certamen mundialista.
Junto a los líderes de la entidad, también fueron procesados otros directivos de peso, entre ellos Víctor Blanco (exsecretario), Cristian Malaspina (secretario general) y Gustavo Lorenzo. La fiscalía argumenta que el delito se consumó al vencer los 30 días legales para depositar las retenciones de Ganancias e IVA, independientemente de si la deuda fue cancelada con posterioridad.
La defensa y el contraataque legal
Desde el entorno de la AFA, el abogado Gregorio Dalbón ya anticipó que apelará la medida ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La defensa sostiene que no hubo dolo y que la deuda ya se encuentra regularizada, calificando el fallo como una «pieza jurídica condenada a caer».
Mientras tanto, el presidente Javier Milei se refirió al caso subrayando la independencia judicial: «En la Argentina, el que las hace las paga. Nadie puede pretender estar por fuera de la ley ni ocultar sus balances», sentenció el mandatario tras conocerse la noticia.