Un nuevo y escalofriante caso de desamparo y violencia estructural sacude a la zona norte del Conurbano bonaerense. Un supuesto establecimiento dedicado al tratamiento de adicciones y consumos problemáticos fue desmantelado tras descubrirse que funcionaba de manera completamente ilegal. Las autoridades judiciales confirmaron la detención de dos de los máximos responsables del lugar bajo gravísimas acusaciones que incluyen tormentos, privación ilegítima de la libertad y hacinamiento extremo.
El operativo destapó una cruda realidad: mientras las familias pagaban abultadas sumas mensuales esperando la recuperación de sus seres queridos, los internos padecían un régimen de aislamiento forzado y castigos físicos inhumanos dentro de un predio que ya arrastraba órdenes de clausura previas.
El modus operandi detrás del falso centro de rehabilitación
De acuerdo con las fuentes ligadas a la investigación penal, el lugar se promocionaba como una comunidad terapéutica residencial idónea para jóvenes y adultos. Sin embargo, las inspecciones sorpresivas coordinadas por el Ministerio de Salud provincial y los organismos de control locales revelaron que el sitio operaba como una verdadera cárcel clandestina.
Entre las principales irregularidades detectadas por los peritos se destacan:
- Condiciones infrahumanas de reclusión: Pacientes encerrados bajo llave en habitaciones sin ventilación ni las más mínimas medidas de seguridad e higiene.
- Privación total de la autonomía: Restricción absoluta para comunicarse con el exterior, impidiendo que los internos pudieran alertar a sus familiares sobre el trato recibido.
- Alimentos en mal estado: Se incautaron grandes tandas de provisiones y comida vencida con la que se alimentaba diariamente a los damnificados.
Clausura obligatoria y detención de los directivos
La gravedad del cuadro habitacional y los contundentes testimonios recabados forzaron la intervención directa de la justicia penal de la región. El establecimiento, que ya acumulaba actas de infracción y carecía de habilitaciones sanitarias vigentes para albergar pacientes con patologías de salud mental, fue clausurado de forma definitiva.
En el mismo procedimiento, las fuerzas de seguridad hicieron efectivas las órdenes de detención contra dos personas identificadas como los cabecillas de la organización. Ambos quedaron formalmente imputados y a disposición de la fiscalía interviniente, enfrentando penas severas contempladas en el código penal para delitos de coacción, reducción a la servidumbre y lesiones.
Las autoridades sanitarias recordaron a la comunidad la importancia de verificar que los centros residenciales estén debidamente inscriptos en las cartillas oficiales del sistema de salud antes de tramitar un ingreso.